Resumen: Determinar si la notificación del primer traslado de una demanda ejecutiva, derivada de un asunto finalizado con conciliación y archivado cinco años antes, realizado vía Lexnet al abogado de la empresa (en Cantabria sistema Vereda), en lugar de efectuarlo en el domicilio de ésta que constaba en autos o al procurador personado en nombre de la demandada en el juicio precedente, ha ocasionado indefensión a la empresa. Doctrina de contraste con STC: la primera notificación se efectúa por medios electrónicos -incluso la segunda a la del letrado que asistió a la conciliación en un supuesto en el que constaba que la representación de la parte la ostentaba determinado procurador-, en lugar de hacerlo al domicilio de la empresa demandada (o, en el caso de autos, al procurador) cuando dichas circunstancias constaban en los autos. La sentencia recurrida se equivocó al considerar que la alegación de la empresa de que prescripción de la acción ejecutiva iniciada por el actor estaba prescrita era una cuestión nueva y no tenía cabida en el extraordinario recurso de suplicación, sin atender y comprobar que, debido a una defectuosa citación del juzgado, la empresa no tuvo conocimiento del ejercicio de la acción ejecutiva ni de las resoluciones del juzgado de instancia hasta que se le dio traslado del recurso de suplicación interpuesto de contrario contra la definitiva resolución.Vulneración de derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión por notificación inadecuada, estima nulidad.
Resumen: Prevalimiento en los delitos contra la libertad sexual. No limita su aplicación a los abusos sobre personas menores de edad, sino que se configura genéricamente como un supuestos de desnivel notorio entre las posiciones de ambas partes, en las que una de ellas se encuentra en una manifiesta situación de inferioridad que restringe de modo relevante su capacidad de decidir libremente (consentimiento viciado), y la otra se aprovecha deliberadamente de su posición de superioridad, bien sea laboral, docente, familiar, económica, de edad o de otra índole, consciente de que la víctima no cuenta con libertad para decidir sobre una actividad sexual súbitamente impuesta. De esta forma, la especial situación de la víctima debe tomarse en consideración para valorar la existencia de la desproporción o asimetría que define el abuso de superioridad ínsito en el prevalimiento. Error de hecho: la prosperabilidad del motivo exige, en esencia, que el tenor de los documentos acredite una contradicción de su contenido con los enunciados del relato fáctico de la sentencia o la insuficiencia de este relato en aspectos esenciales del juicio de responsabilidad y que lo hagan de forma tan manifiesta, incontrovertida y clara. Cadena de custodia. Tiene un carácter meramente instrumental, en caso de quiebra puede afectar a la credibilidad del análisis, pero no a su validez. Si no existe duda alguna del consentimiento por parte del procesado para la extracción de las muestras de ADN la prueba es válida.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo consiste en esclarecer si la previsión normativa de una obligación de emisión, conservación y exhibición ante la Administración tributaria de cierta documentación o información a los efectos de determinar la deuda tributaria correspondiente, conlleva que, por su virtud, dicha información resulte excluida de la esfera protectora del derecho a no autoincriminarse en un posterior procedimiento sancionador, aun habiendo sido aportada de forma coactiva por el eventual infractor en el previo procedimiento de regularización tributaria. Aclarar si el derecho a no autoinculparse ampara solamente la aportación o el empleo en un procedimiento sancionador de información directamente autoincriminatoria o si se extiende también a datos o informaciones que, aun siendo necesarios, no son suficientes por sí mismos para fundar la imposición de la sanción.
Resumen: No puede acogerse la tesis del Abogado del Estado limitando el reexamen a que aludíamos a la mera respuesta a la cuestión de interés casacional y a la dogmática creada en torno a la simulación y su componente fáctico, prescindiendo de otras circunstancias, en tanto que ello significaría burlar el alcance de la doctrina Saquetti en estos supuestos en los que se admite el recurso de casación por considerar que ha podido infringirse alguna norma o la jurisprudencia alumbrando el interés casacional objetivo, requisito necesario para su acceso a su enjuiciamiento, pues aún las limitaciones propias en el recurso de casación de discutir cuestiones fácticas, el limitar el reexamen de las posibles quiebras sustantivas de una sentencia que confirma la sanción penal administrativa a los estrictos términos de la cuestión de interés casacional formulada, significa ignorar que la cuestión de interés casacional objetivo es medial y burlar la verdadera dimensión de la doctrina Saquetti al no quedar garantizada que la revisión de la sanción impuesta por la Administración y confirmada por un Tribunal sea posible reexaminarla por un Tribunal Superior por posibles quiebras sustantivas denunciada.
Resumen: Se recurre por una Asociación de Medios de Información el Real Decreto que regula las comunicaciones comerciales de las actividades del juego. La limitación establecida por el artículo 23.1 del reglamento impugnado no tiene cobertura legal, no siendo suficiente con invocar la protección de los menores por cuanto no es posible limitar la publicidad con un alcance general a todo un medio ante la eventualidad de que pueda ser utilizado por menores de edad. La protección de los menores está contemplada en la ley del juego como una limitación a los juegos de suerte y azar y a su publicidad, pero la previsión ahora cuestionada no se concreta en medidas destinadas específicamente a los menores sino a todos los usuarios de la sociedad de la información sin cobertura legal alguna que ampare una limitación de estas características. Por otra parte, restringe la posibilidad de dirigir comunicaciones comerciales a quienes ya utilizan las páginas web o aplicaciones destinadas al juego, lo que implica la imposibilidad de dirigir publicidad a potenciales nuevos clientes en este medio, sin previsión legal alguna que ampare esta limitación.
Resumen: Al encargado de vigilancia de cargas se le imputan salidas irregulares de litros de queroseno fue despedido. El JS declaró improcedencia consideró prescritos el incumplimiento sancionado al pasar a prestar servicios como liberado sindical, el TSJ calificó de procedente por entender falta continuada. Se siguen actuaciones penales dictándose SJ Penal de absolución sin evidencias de intención de connivencia con los restantes acusados no siendo suficiente para deducir autoría imputar 6 operaciones de carga, sin pruebas de que fuera parte de la trama organizada. La demanda revisión solicita la improcedencia por la Sentencia penal absolutoria al no acreditarse participación en hecho delictivos. Para la Sala IV cumple requisitos de agotamiento de recursos pero interpuesta fuera de plazo, la Sentencia penal es anterior a la firmeza de la STSJ social y desde el Auto de inadmisión del rcud hasta que se interpone la revisión pasan más de 3 meses, art. 512.2 LEC, es extemporánea, además de incumplirse la carga que le corresponde debiendo pechar con sus consecuencias. Es inidónea la sentencia penal no constando su firmeza al interponer la revisión, carga también del demandante. Hay deficiente cumplimiento de la demanda, sin razonamientos y con un petitum impropio de la revisión del art. 236 LRJS. No concurren los presupuestos art. 86.3 LRJS absuelto por inexistencia de responsabilidad penal, no inexistencia del hecho siendo despedido por su pasividad, hecho del despido no relevancia penal
Resumen: La finalidad de la regulación de los actos de comunicación es asegurar el derecho a la tutela judicial efectiva de las partes, que queda vulnerado en casos de omisión o defectuosa realización de los mismos si con ello se impida a las partes litigantes llegar al conocimiento real de la citación para defender sus derechos en los procesos en que intervengan, correspondiendo al juzgado evitar la indefensión en las comunicaciones. Es una circunstancia esencial de la comunicación que figure la dirección correcta de quien se pretende notificar y si esta se formula incorrectamente por error del Juzgado, se causa indefensión a la parte, declarándose la nulidad de la sentencia.
Resumen: Control casacional de la presunción de inocencia. El derecho a la presunción de inocencia no puede ser invocado con éxito para cubrir cada episodio, vicisitud, hecho o elemento debatido en el proceso penal, o parcialmente integrante de la resolución final que le ponga término. Los límites al control casacional no permiten desmenuzar o dilucidar cada elemento probatorio, sino que debe realizarse un examen general y contextualizado de la valoración probatoria para puntualizar en cada caso si ese derecho fue o no respetado en la decisión judicial condenatoria, pero tomando en cuenta el conjunto de la actividad probatoria. Intervenciones telefónicas. La audición en el plenario de las conversaciones grabadas, la identificación de la voz como la del acusado puede ser apreciada por el Tribunal en virtud de su propia y personal percepción y por la evaluación ponderada de las circunstancias concurrentes. La identificación subjetiva de las voces también puede adverarse por otros medios de prueba, como es la testifical o mediante el testimonio de los funcionarios policiales que efectuaron las vigilancias y seguimientos derivados del contenido de las conversaciones intervenidas. Cuando no se ha impugnado en todo o en parte la transcripción de las cintas, y se han dado por reproducidas, no se le puede negar valor probatorio a tales transcripciones. Igualmente, no habiéndose pedido ni en el juicio oral ni en la apelación la audición de las cintas no puede el acusado alegar indefensión.
Resumen: En cuanto a la prueba preconstituida, la preconstitución en fase instructora de testificales prestadas por personas mayores de edad no excluye, sin más, la necesidad de práctica plenaria de la prueba si se revela posteriormente que no concurre ningún óbice que lo impida. La no excesivamente afortunada fórmula empleada en el artículo 448.1 LECrim debe ser interpretada en el sentido de que es al tribunal competente para decidir sobre la admisión de los medios de prueba propuestos por las partes al que le corresponde evaluar, a la luz del artículo 730 LECrim, qué causas impiden la producción de un determinado medio de prueba en el acto del juicio oral. Respecto a la valoración de prueba videográfica, ha de tenerse en cuenta que una videograbación, como todo documento que incorpora signos indiciales, capta solo un momento, un ángulo, una parte de toda la compleja realidad que envuelve la imagen captada. No siempre es posible decantar de las imágenes captadas un sentido objetivo y autoevidente. Entre otras razones porque además de lo que se plasma es también relevante lo que no se muestra. Toda imagen es, por tanto, potencialmente polisémica e implica una cadena flotante de significados posibles. De ahí la importancia, para su adecuada atribución de valor probatorio, conocer y analizar el contexto de producción del documento y atender, siempre, al conjunto de las informaciones probatorias disponibles.
Resumen: Aun cuando el recurso se formula formalmente por infracción de ley al amparo del art. 849.1 LECrim, en su desarrollo lo que expresa la recurrente es su discrepancia con la suficiencia y valoración de la prueba llevada a cabo por el Tribunal de instancia y con la que se ha considerado enervada la presunción de inocencia. Con ello se encubre el verdadero motivo del recurso, presunción de inocencia (art. 852 LECrim), tratando de reproducir el debate probatorio y modificar el hecho probado, lo que es contrario a lo dispuesto en el art. 847.1 b) LECrim. En consecuencia, aun cuando no se apreciaron por el tribunal Supremo óbices de admisión, ello no es obstáculo para que, en este momento procesal, se pronuncie la Sala II sobre la concurrencia de los requisitos para la admisibilidad del recurso, deviniendo las causas de inadmisión en causa de desestimación. De forma que la comprobación de los presupuestos procesales para la viabilidad de la acción puede volverse a abordar o reconsiderar en la sentencia, de oficio o a instancia de parte, dando lugar a un pronunciamiento de inadmisión por la falta de tales presupuestos.
